Entre el 7 y 13 de abril al menos 510 indígenas (83 familias) de las etnias Embera y Wounaan se desplazaron hacia otras comunidades del municipio de Bajo Baudó (Ver Tabla 1), como resultado de los combates entre la Fuerza Pública y un grupo armado no estatal en zona rural del municipio
El primer evento de desplazamiento que afectó a la comunidad de Puerto Gálvez ocurrió el 7 de abril, provocado por una operación militar en límites entre Litoral de San Juan y Bajo Baudó, en el sector de Orpúa. Los habitantes se refugiaron en la comunidad también indígena de Playa Linda.
Ambas comunidades tienen restricciones a la movilidad.
El segundo evento ocurrió entre el 10 y 13 de abril por combates entre los actores armados en la zona de Belén de Docampadó, lo que afectó a tres comunidades de etnia Embera- Quiparadó de Ordó, Jagual Guachal y Playa Bonitaque se desplazaron en la población afrocolombiana de Playa de Sivirú.
La población de Puerto Gálvez se aloja en casa comunitaria construida por ACNUR en Playa Linda. Las otras tres poblaciones se encuentran en casas de familiares y amigos y albergues improvisados en precarias condiciones y estado de hacinamiento. La asociación indígena ASAIBA y los líderes de las comunidades desplazadas manifiestan que requieren acceso a agua segura, pues la que están consumiendo proviene del río, lo que está causando casos de vómito, diarrea y fiebre en menores de edad y adultos mayores. Igualmente, la comunidad receptora de Playa de Sivirú no tiene capacidad para soportar la emergencia.
La UARIV visitó la zona y entregó kits de aseo, alimentación por un mes, a excepción de la población de Playa Bonita (180 personas) y la población receptora de Sivirú. La UARIV también brindó orientación institucional a la Alcaldía y a la Personería. El Municipio ya contaba con una dotación de albergue que entregó a tres comunidades y un mercado básico para una semana aproximadamente, que incluyó a todas las poblaciones afectadas. Se debe reactivar el sistema escolar, pues los niños y niñas están desescolarizados desde que comenzó la emergencia. La población está en críticas condiciones de albergue y salud. Urgen labores de incidencia ante la Gobernación del Chocó para que se gestione una respuesta inmediata principalmente de la Secretaría de Salud con las EPS e IPS de la zona, pues la población necesita una brigada de salud. Igualmente, se requiere la gestión de la Secretaría Departamental de Educación para el restablecimiento de la jornada escolar.
Persisten los riesgos por conflicto armado para las comunidades y aún no condiciones para un retorno. Es urgente el fortalecimiento de las organizaciones étnicas y sus líderes en el goce de derechos y asistencia legal. Miembros y observadores del Equipo Local de Coordinación Chocó monitorean la emergencia. Las comunidades manifiestan temor por los operativos y la persistencia de la violencia armada. Señalan, además, que la cercanía de los enfrentamientos a las poblaciones ha causado daños a bienes indispensables como lanchas y edificaciones comunitarias y permanente afectación psicosocial.