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• Desde el terremoto del 16 de abril han ocurrido 2.356 réplicas. El 10 julio, el cantón Muisne, provincia de Esmeraldas fue el epicentro de dos fuertes réplicas de 5,9 y otra de 6,3 en la escala de Richter (IGEPN, 11 de julio 2016). Consecuentemente, el Presidente el 15 julio declaró un nuevo Estado de Excepción de 60 días para las provincias de Manabí y Esmeraldas. Las instancias de la Administración Pública Central movilizaron esfuerzos para atender a las personas afectadas. Se suspendió el ejercicio de la inviolabilidad de domicilio para evitar que las personas retornaran a sus hogares que puedan ser un “riesgo para su vida o integridad física”.
• La isla del cantón Muisne ha sido declarada zona en riesgo por la Secretaría de Gestión de Riesgos y zona protegida por el Ministerio de Ambiente. Esto ha causado preocupación de desalojo y de desplazamiento de los habitantes de la isla que ya están afectados por el terremoto.
• Las demoliciones avanzan en el cantón Manta, provincia Manabí donde se han derrocado 1.685 edificaciones y 369 viviendas y edificios están en proceso de demolición. En el cantón de Portoviejo también se empezó con demoliciones de grandes edificios en la zona cero.
Panorama de la Situación
A casi cuatro meses del terremoto, el Estado se encuentra en fase de transición hacia la recuperación y reconstrucción. La frecuencia de las reuniones de los Comités de Operaciones de Emergencia (COEs) a nivel provincial y cantonal se han reducido en la medida de las realidades locales. COE de Pedernales se reúne dos veces por semana, Manta y Portoviejo ya no tienen COEs cantonales activos y los socios participan en las reuniones del COE provincial que se realiza dos veces por semana.
A través del Plan de Reconstruyo Ecuador, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) ha entregado 17.792 (MIDUVI,11-08-2016) incentivos para la reparación y reconstrucción de vivienda distribuidos en ocho provincias. Con estos incentivos, contratistas privados se encargarán de reparar o reconstruir las viviendas de las familias beneficiarias de los bonos. Los datos de MIDUVI señalan alrededor de 35.000 viviendas con afectación de uso limitado o inseguras.