El 11 de agosto, 362 personas (111 familias) entre ellas 83 mujeres, 125 hombres y 154 menores de edad (69 niñas), se desplazaron al interior del casco urbano del corregimiento Las Mercedes, hacia los barrios alejados como Cristo Rey, La Esperanza y la vereda La Pita y Caño Negro, como consecuencia de los constantes enfrentamientos que se presentan desde el mes de julio entre la Policía y un Grupo Armado no Estatal. Las personas llegaron a casas de familiares y/o amigos.
Producto de las hostilidades, aproximadamente 515 niños y niñas tuvieron que suspender sus clases por un periodo de 10 días en el Colegio Monseñor Sarmiento Peralta.
Al momento de la elaboración del presente informe la mayoría de las familias habían retornado, al igual que los menores a sus clases. El último hostigamiento se produjo el 1 de septiembre, obligando nuevamente a diez familias aproximadamente a pernoctar en barrios aledaños.
Persiste un temor generalizado en la población por los frecuentes enfrentamientos, y se estima un alto impacto psicológico, especialmente en niños y niñas, quienes requieren atención prioritaria, ya que el municipio no está en capacidad de prestar este tipo de atención.
Aproximadamente 33 viviendas alrededor de la estación de policía resultaron afectadas, especialmente las que se encuentran ubicadas en los barrios Belén, Pueblo Nuevo y Centro, producto de disparos en sus techos.
El 22 de agosto la comunidad realizó una marcha pacífica en protesta a los enfrentamientos, las afectaciones sufridas, el temor y en rechazo a estas acciones. El 26 de agosto se realizó un Comité extraordinario de Justicia Transicional para evaluar las afectaciones de la comunidad. Las principales necesidades humanitarias identificadas están ligadas a los sectores de Educación en Emergencias y Protección.
Hay un alto riesgo de que se presenten nuevos desplazamientos, posible estigmatización a las comunidades e infracciones al Principio de Distinción y Proporcionalidad del Derecho Internacional Humanitario.
El Equipo Local de Coordinación de Norte de Santander (ELC) continuará haciendo seguimiento a la situación en contacto con las instituciones municipales, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), las Administraciones Municipales y la Personería Municipal.