Este informe es elaborado por OCHA con insumos de la Defensoría del Pueblo, UARIV y ACNUR Apartadó.
Colombia – Flash Update No. 1: Desplazamiento masivo y restricciones a la movilidad en Chigorodó (Antioquia)
Desde el 05 de agosto, aproximadamente 710 indígenas (146 familias) Embera Eyabida del resguardo indígena Polines -zona rural de Chigorodó (Antioquia)-, se encuentran en situación de desplazamiento y restricciones a la movilidad dentro del mismo resguardo. De estas personas, cerca de 460 se desplazaron forzadamente de la zona alta a la zona baja como medida de protección, ante el temor de los combates entre las Policía y el Clan Úsuga[1], por los operativos que se llevan a cabo en la zona para la captura de miembros de este grupo armado post desmovilización, además de la militarización posterior a la caída de un helicóptero de la Fuerza Pública. Las otras 250 personas, pertenecientes a la comunidad receptora, presentan restricciones a la movilidad y al acceso a sus actividades de sustento diario (caza, pesca y actividades agropecuarias) por la presencia de los actores armados en la zona.
La comunidad se alberga en tambos alrededor de la escuela -en la parte baja del resguardo-, y se encuentran en situación de hacinamiento debido a que hay cerca de siete familias por tambo.
A la fecha de elaboración de este informe se reportan necesidades urgentes en los sectores de albergue (kit de hábitat), agua, saneamiento e higiene, salud y alimentos. El número de desplazados podría aumentar y se podrían movilizar hacia el casco urbano.
El 13 de agosto entre 150 y 200 indígenas que se encuentran albergados en la comunidad receptora se movilizarán hasta el casco urbano del municipio de Carepa (Antioquia), y realizarán una marcha pacífica para exigir la salida tanto de la Fuerza Pública como de los grupos armados post desmovilización de su territorio, y posteriormente regresarán a su comunidad. Por ahora no manifiestan intenciones de retorno hasta que los actores armados presentes en la zona salgan de ella.
La alcaldía de Chigorodó entregó kit de alimentos a 80 personas que se desplazaron inicialmente y realizó una valoración de la situación de salud, sin embargo manifestó no tener capacidad para atender la emergencia. El 10 de agosto se realizó un Comité Municipal de Justicia Transicional (CMJT) con participación de instituciones municipales, departamentales, UARIV[1], Ministerio Público y organismos internacionales, con el fin de analizar la emergencia, definir acciones de respuesta y acompañamiento. El 11 de agosto se realizó una misión de verificación conformada por UARIV, Alcaldía, Defensoría del Pueblo, Personería Municipal y ACNUR; se tomaron las declaraciones de la población afectada para poder realizar la atención integral. La UARIV hizo la solicitud para la entrega de ayuda humanitaria inmediata y la Gobernación de Antioquia está realizando gestiones para apoyar con alimentos.
La Defensoría del Pueblo hace seguimiento de la respuesta y acompañamiento institucional. ACNUR también realiza monitoreo y acompañamiento a las necesidades en términos de protección. Desde el Equipo Humanitario Local de Antioquia se hace seguimiento a la situación para apoyar de manera complementaria la respuesta institucional en caso que se requiera.